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2010-06-29
Jefes De 25 áreas Del IPS Advierten Que La Reforma Previsional Con Media Sanción Es “inaplicable”

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Dra. Estela Regidor, Interventora IPS

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Técnicos de amplia trayectoria en el Instituto de Previsión Social expusieron, en una charla abierta, las principales contradicciones y omisiones de la norma. Mostraron los números, explicaron los datos procesados y demostraron que el cálculo sobre los 10 mejores años no sólo tendrá un mayor costo adicional sino que generará un déficit aún mayor. Participó solo un diputado y también estuvieron concejales, referentes gremiales y trabajadores activos y pasivos.

Por espacio de dos horas, el personal técnico del Instituto de Previsión Social de Corrientes expuso los principales datos económicos y financieros y las objeciones legales que dan cuenta de la necesidad de modificar, para mejorar, el proyecto de reforma previsional bajo tratamiento legislativo.

Los profesionales de las diversas áreas, profundizaron así la información ante un centenar de personas entre quienes estuvieron el subsecretario de Finanzas de la Provincia, Juan Pablo Peloso, los concejales de la Capital Norberto Ast y Cantalicia Encinas, el diputado Manuel Aguirre, funcionarios de la Municipalidad de Paso de los Libres, de Fiscalía de Estado, representantes del Centro de Jubilados, de la Asociación de Jubilados Autoconvocados, del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJ), de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), y trabajadores activos y pasivos de los distintos sectores.

Tras las palabras de la titular del IPS, Estela Regidor, quien agradeció la participación de los presentes, Liliana del Yesso, jefa del Departamento de Beneficiarios, remarcó la importancia de la posibilidad de compartir el trabajo realizado por el personal, con las mejores intenciones.

“Defendemos la Caja de Jubilaciones para nosotros y para la posteridad; no queremos sólo cerrar números, queremos un sistema de reparto y eso significa hacer aportes al sistema para la generalidad”, puntualizó.

Del Yesso comentó que el objetivo es que tanto la comunidad en general como quienes deben tratar la reforma previsional cuentan con las pautas reales que surgen del trabajo realizado. “El único interés que nos mueve es el de la ley de jubilaciones previsional”, apuntó la profesional de más de 25 años de antigüedad en el Instituto.

Carmen de Lorenzo, por su parte, defendió el trabajo del personal y desestimó los cuestionamientos a los cálculos formulados, principalmente por parte del ex interventor del IPS, Alberto Simón. “Cómo es que estuvo 8 años trabajando con gente que no sabe hacer cálculos entonces”, objetó.

En este sentido, con expedientes en mano, informó acerca de una consultoría contratada en dos etapas, durante 2008 y 2009, que analizó las proyecciones respecto de la reforma previsional que luego impulsó la gestión anterior. “El Instituto pagó más de $84 mil pesos por una consultoría que se basó en datos generales del SISPER y que en ningún momento consultó al personal técnico del IPS”, cuestionó.



CONTRADICCIONES Y OMISIONES

Al tomar la palabra, el jefe del Departamento Previsional, José Luis Altamirano, mencionó contradicciones y omisiones en el articulado del proyecto que pretende sancionarse y mencionó –por caso- el Artículo 39º.

“Nación reconoce los servicios prestados desde los 16 años; nosotros estamos adheridos a un convenio de reciprocidad pero en el proyecto se omitió completamente este punto”, especificó, tras lo cual habló también de la flexibilidad en materia de certificación de servicios municipales.

Regidor comentó en este punto la gravedad de lo plasmado en el Artículo 73º que prevé la jubilación automática transcurridos 60 días de haberse iniciado el trámite, sin contemplar que esto beneficiaría a una gran cantidad de personas a las que no se les otorga la jubilación por sumarios pendientes e incluso causas civiles o penales. “La persona que se jubila así está burlando todo el sistema”, aseguró y deslizó: “Sería bueno que los legisladores se den cuenta de la gravedad de este punto”.

Altamirano retomó el análisis sobre la normativa a sancionar y puso su propio caso como ejemplo. “Yo desde el año 89 vengo aportando por este cargo que ocupo y transitoriamente ocupé un lugar de mayor jerarquía; si yo me jubilo hoy por la ley que quieren sancionar voy a cobrar más como jubilado de lo que cobro en actividad actualmente”, explicó y se preguntó: “¿Quién va a financiar esa diferencia si el que entra en mi lugar entra a aportar por ese cargo?”.

Adelantó además que plantearían el tema ante el Consejo Federal de Previsión Social (COFEPRES), donde varios trabajadores del IPS cursan una diplomatura previsional. “Debo decirles también que el Cr. Simón no defendía los 10 mejores años en el COFEPRES, sino los últimos 10”, apuntó.



EL COSTO ADICIONAL DE LOS CÁLCULOS



Tras el análisis de lo normativo, Rubén Gómez, del Departamento de Beneficiarios, expuso los cálculos realizados en cuanto a las diversas alternativas del 82% móvil.

Explicó en este sentido, que el IPS debe pagarle la movilidad no solo a los futuros beneficiarios, sino también a quienes se jubilaron antes del año 2000 (cuando se dicta el Decreto Ley Nº 22), como así también a quienes lo hayan hecho desde el año 2000 a la fecha.

En cuanto a los beneficiarios anteriores al año 2000, se consideró no solo el efecto de la aplicación del 82% móvil, sino también el costo adicional que implicará cubrir la brecha para aquellos que no llegan al mínimo.

Para el caso de los más de 8.400 jubilados entre 2000 y 2010, se analizaron caso por caso 5.653 muestras que arrojaron los resultados para cada uno de los cálculos.

Además, se contempló también el efecto sobre el personal municipal al que también se le debe trasladar la movilidad. “Evidentemente el cálculo de los legisladores –que difiere del nuestro- omitió considerar a los actuales jubilados, antes y después de 2000, y también a los municipales”, señaló Gómez.

Todos estos elementos arrojan un costo mensual de $7.480.793 que anualmente se convierten en $97.276.309 para el cálculo del 82% sobre los 10 últimos años. En tanto que calcular sobre los 10 mejores años tendría un costo por mes de $9.474.604 y al año de $123.169.861. La diferencia es de casi $26 millones.


A su vez, los técnicos evaluaron también el impacto a partir de los futuros jubilados. Para esta proyección tomaron un total hipotético de 608 altas en el año, en función de las estadísticas de los últimos 6 años.

En este caso, el costo anual del primer ejercicio sería de $1.457.886, monto que desde el segundo año se elevaría a $18.952.518 para el caso de los 10 últimos años. Mientras que calculando sobre los 10 mejores, el impacto adicional sería de $1.606.007 para el primer año y $ 20.878.096 desde el segundo.

“El impacto total se comienza a ver desde el segundo año porque durante el primero las altas se van dando paulatinamente hasta diciembre”, explicó Marcelo Gallardo, director de Beneficiarios y Sistemas.


Luego de estos números, vinculados al impacto de las medidas, la directora del Área de Administración y Finanzas del IPS, Ofelia Álvarez Picaza, detalló los recursos con los que cuenta el organismo para atender estos mayores costos.

Detalló primero la ejecución presupuestaria del IPS durante los últimos años, que arroja un déficit acumulado de poco más de $37 millones. El año 2009, cerró con un déficit de $18.285.421.

Tras presentar un cuadro comentó que el organismo dispuso por ejemplo en mayo de alrededor de $59 millones en materia de recursos, de los cuales poco más de $55 millones se destinaron a atender a los jubilados, sin considerar gastos de funcionamiento o sentencias judiciales.

Así, contemplando los recursos disponibles y los costos planteados tanto para otorgarle la movilidad a los ya jubilados como para atender a los futuros beneficiarios del sistema, Alvarez Picassa expuso el déficit que se proyectaría para el IPS, incluyendo el monto deficitario con el que cerró 2009.

“Calcular sobre los 10 últimos años nos generaría un déficit anual de $29.615.500; hacerlo sobre los 10 mejores años implicaría un resultado negativo de $66.853.443”, puntualizó. Con lo cual, la segunda opción genera un déficit mayor de más de $37 millones.

“Entendemos que la primera opción es más factible de atender; la segunda es demasiado riesgosa”, explicó, a pesar de aclarar que en los dos casos se necesitará algún tipo de asistencia.

“De aprobarse como está, con los 10 mejores años, en 4 o 5 años no vamos a poder sustentar la necesidad financiera que nos va a demandar la ley”, remarcó.



CONSULTAS Y APORTES



Finalizada la exposición, se cedió el micrófono al auditorio para plantear inquietudes o hacer aportes y en primer lugar hizo uso de la palabra la presidente de Autoconvocados, Elsa Ferreira, quien aseguró que la exposición le demostró que realmente será difícil de sostener el cálculo sobre los 10 mejores años.

“Estos son los cálculos verdaderos y nos han convencido del impacto negativo; no queremos que el IPS vuelva a caer en una situación que en su momento generó fuertes descuentos a más de 1.100 jubilados”, señaló Ferreira.

Feliciano Romero, de CTA, consideró que quienes apuntalan el cálculo sobre los 10 mejores años buscan hacer “un traje a medida”. Conteste con el cálculo sobre los últimos 10 años, remarcó que “debemos defender lo nuestro”. “Nuestros compañeros del IPS se jugaron y tuvieron la capacidad de sostener sus argumentos”, destacó.

Por su parte, Adán Rodríguez de SITRAJ pidió una copia de la información expuesta para compartir en el seno de su sindicato.

IMPRESIONES

Al término del encuentro, Altamirano lamentó la ausencia de la mayoría de los legisladores, y pidió que se analice en profundidad el tema. “Queremos que los legisladores tomen conciencia realmente de lo que va a representar aplicar la ley tal cual como está en el proyecto”, coincidió Rubén Gómez.

“Muchos de los afiliados no quisieron acudir a la Justicia, teniendo como promesa la proximidad de poder percibir el 82 % móvil y ellos en sus cálculos no los incluyeron, agregó.

La concejal Encinas por su parte consideró importante un encuentro que trajo mucha claridad. “Estuve en la reunión de los técnicos con Diputados, y los legisladores no dejaban hablar a los técnicos; un grupo, no todos”, aclaró.

“Ellos no pudieron explicar cómo llegaron a estos números; si no se les dio la posibilidad de que ellos expliquen, era imposible que los legisladores entiendan, creo que esto fue lo mejor”, consideró.



“NO DEFENDEMOS A LA MINORÍA”



Al finalizar la exposición, Regidor tomó contacto con la prensa y remarcó que el actual Gobierno defiende a todos los jubilados y no a una minoría que se pueda ver beneficiada con un cálculo sobre los 10 mejores años. “La carrera normal de un trabajador comienza abajo y termina lo más arriba posible”, remarcó.

“Queremos un sistema previsional de igualdad, de solidaridad, continuar con el reparto”, señaló y aseguró: “Nos interesa que la caja siga siendo de la Provincia de Corrientes, que quede claro”.

La funcionaria no dudó al decir que “si se aprueba la ley como está, es inaplicable”. “Hay artículos que se contradicen, que violan la ley abiertamente, como el artículo 73; y hay artículos como el que habla de los 10 mejores años que no nos va a llevar a demasiada vida”, reseñó.

Abogó así por que Diputados, en su calidad de Cámara Revisora pueda sanear la norma a partir de un trabajo serio. “Esto es un trabajo serio; dar a conocer a la gente, punto por punto esta reforma”, explicó.

Se mostró conforme con la exposición desarrollada y comentó que “fue un pedido que me han hecho los trabajadores”. “Me pareció justo porque nosotros no solamente somos un Gobierno de puertas abiertas hacia afuera, para la gente, sino también hacia adentro”, consideró y agregó: “Siempre consultamos con los empleados, trabajamos de manera conjunta; y cómo no darles la oportunidad, si este es su lugar de trabajo”.






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